La Defensoría Pública del Ecuador consiguió un nuevo indulto. En la provincia de Chimborazo, el ciudadano Carlos B. fue el beneficiario de esta medida especial, por padecer una grave enfermedad y cumplir con los requisitos que estable el Decreto Ejecutivo 265. En 2021, durante los primeros 22 días de vigencia del Decreto Ejecutivo 265, para el indulto presidencial de las personas privadas de la libertad (PPL), con enfermedades catastróficas, la Defensoría Pública del Ecuador impulsó 21 indultos, de los cuales 12 personas ya recibieron este beneficio y se encuentran libres.
Este trabajo es el resultado de la disposición emitida a las 24 direcciones provinciales del país, de visitar los centros de privación de la libertad (CPL), para identificar y brindar información a los posibles beneficiarios de los decretos ejecutivos 264 y 265, del 22 de noviembre de 2021, señaló el Defensor Público General, Ángel Torres Machuca.
A esta iniciativa se suma la mesa de trabajo, liderada por la Defensoría Pública, en la que los representantes del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes en Conflicto con la Ley (SNAI), del Ministerio de Salud Pública, del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, de la Secretaria de Derechos Humanos y de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República asumieron compromisos puntuales, para viabilizar los indultos.
La máxima autoridad destacó que la Defensoría Pública, mucho antes de la emergencia penitenciaria, ya tenía presencia en los CPL, con personal preparado para brindar asesoría y patrocinio, gratuitos, a los privados de la libertad y a sus familiares.
El Defensor Público General, Ángel Torres Machuca, precisó que la institución no administra justicia, que son los jueces quienes resuelven si se concede o no el indulto. Para la aplicación del decreto ejecutivo 265, explicó que el Ministerio de Salud verifica la condición médica de las PPL y emite un certificado. El SNAI confirma la identidad de las PPL y realiza la solicitud de indulto al juez; mientras que, la Defensoría Pública comprueba las condiciones jurídicas de tener sentencia condenatoria ejecutoriada y no poseer procesos penales pendientes, para que, finalmente, los jueces resuelvan.
El Decreto Ejecutivo 265 otorga el perdón total de la pena privativa de la libertad a las PPL que padecen enfermedades catastróficas o terminales; y, excluye a quienes se encuentren sentenciados por delitos imprescriptibles, dispuestos en los artículos 80 y 233 de la Constitución; y, los tipificados en el Código Orgánico Integral Penal.
