Este medio de comunicación con su equipo de investigación y asesoramiento de profesionales del derecho, analizó la sentencia pública de Vinicio Ruíz, en la cual se dio a conocer el entramado de cómo, quienes constan en la investigación realizada por Fiscalía, querían “repartirse el poder” a través de la cooptación de las instituciones de la provincia de Chimborazo, antes y después de la muerte por sicariato del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga.
Dentro de esa investigación que llevó a efecto la Fiscalía de Chimborazo, ésta se encontró con otras novedades y otros hechos que podrían configurar delitos de tipo penal, como: tráfico de influencias, peculado, concusión, pero, ¿por qué no se dieron a conocer?
El fiscal Mauricio Yánez, explicó que estaban centrados en la muerte por paga del edil, sin duda, debían comprobar su hipótesis, lo cual así se hizo, por lo que Vinicio Ruíz y sus cómplices, fueron sentenciados a 36 años 8 meses de prisión como consta en el documento.
Los presuntos delitos antes mencionados, ya habrían sido sorteados a diferentes fiscales de Chimborazo para su investigación. Han pasado varios meses y hasta el momento no existe pronunciamiento alguno, a lo que se suma el hecho de que los medios de comunicación en su mayoría, desconocían de estos temas que investiga Fiscalía en torno a la muerte del concejal Guaranga.
El equipo de investigación del Diario de Riobamba, profundizó y fue más allá, encontrando así conversaciones vía WhatsApp que por supuesto formaron parte de la indagación y que constan en la documentación tanto de Fiscalía como de la DINASED de Chimborazo, estos documentos ya son públicos y evidencian el presunto tráfico de influencias y concusión, presuntamente con ciertos estamentos de la Corte Nacional de Justicia (C.N.J), en donde se habría buscado negociar asuntos judiciales, en primera instancia a favor de William, quien está recluido y quien también formó parte del contubernio para que se lleve a efecto el asesinato de Guaranga. Allí se nombra a los hermanos de Vinicio Ruiz, quienes al parecer serían el nexo con una de las personas dentro de la C.N.J.
Por otro lado, también se negociaba ayuda en la C.N.J a cambio de recursos económicos para la madre de Ruiz, quien tenía un proceso judicial, lo cual sin duda incurriría en un delito de tráfico de influencias y concusión.
Ahora, la preocupación de los agentes investigadores, quienes llevan el caso Guaranga, sería que se maneje de la misma forma, ya que la defensa técnica de Ruiz apelaría para que se vaya a casación, y sería ahí en donde se tratarían de mover estas fichas.
Capturas de los mensajes y transcripciones del presunto tráfico de influencias y concusión:
Peculado involucra a la Prefectura y agentes policiales de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional (DGI).
Un pequeño grupo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI) habría llegado hasta las instalaciones del Gobierno Provincial de Chimborazo y del Municipio de Penipe, con el claro objetivo de verificar si existían cámaras y micrófonos instalados en las oficinas de la Prefectura y sala de reuniones.
Los aparentes uniformados llegaron con equipos de última tecnología pertenecientes al Estado Ecuatoriano, por dicho trabajo los policías habrían cobrado alrededor de quinientos dólares americanos por sus servicios. Esto, con el aval y conocimiento de la autoridad, es decir, del Prefecto y de su hermano Ronny Cruz, a quienes se los nombra en los mismos chats de WhatsApp antes mencionados.
Las capturas que adjuntamos a esta investigación.
Es de conocimiento público que, por la utilización de bienes del Estado, se estaría incurriendo en un delito de peculado, este caso también fue sorteado a uno de los fiscales de Chimborazo, ya que existen fotografías del trabajo ejecutado por los agentes de inteligencia en las oficinas de la Prefectura, en donde no encontraron nada, pero sí, en el Municipio de Penipe, pues en el techo, habrían instalado micrófonos, según la evidencia.
Dentro de los chats, Vinicio Ruiz, sería quien presuntamente habría movido influencias con sus hermanos, quienes son policías, para que se realice la labor de inteligencia en las dos entidades públicas. Todas estas evidencias reposan en Fiscalía y al momento no hay pronunciamiento sobre estos hechos, porque el caso se encuentra en indagación previa.
Preguntamos al Síndico de la Comisión Nacional Anticorrupción – capítulo Chimborazo, José Luis Díaz, sobre si Fiscalía encuentra a nuevas personas involucradas en el caso Guaranga y otros, como el que exponemos en este reportaje, se los debería procesar, siempre y cuando encuentren elementos. Cuando le preguntamos el por qué la CNA no ha actuado, supo manifestar que: “los asuntos de la Comisión llegan por parte de una de las personas afectadas o involucradas, la CNA interviene cuando hay delitos contra el Estado, por ejemplo, actos de corrupción en municipios, Consejo Provincial, en secretarías del Estado o en delitos contra la administración pública”, acotó, Díaz. Tomando en cuenta que los elementos citados en la presente investigación, serían delitos contra el Estado, intentamos conversar con Manuel Heredia, quien según Carlos Moyota, es quien dirige o preside actualmente la CNA – Chimborazo, se lo llamó en varias ocasiones, pero, no tuvimos respuesta.
Para el jurista Gustavo García, al haber trasladado equipos del Estado para uso personal, se estaría incurriendo en un delito de peculado, porque el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece las sanciones para este delito, hay que tomar en cuenta que incluso no solamente fueron recursos tecnológicos los que se habrían empleado, sino que también humanos, acotó.
El Art. 278 del COIP, sobre el Peculado, cita que: “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años”.
“Todas las personas tenemos la obligación de denunciar los hechos que constituyen posiblemente un delito y la titular de la acción penal en este caso es la Fiscalía, tiene el deber de investigar y para eso debe levantar indagaciones previas”, expresó, García, al tiempo de enfatizar que todos los casos de peculado, cohecho y concusión son imprescriptibles.
¿Hackeo y troll center?
Pero los presuntos delitos no terminarían ahí. Dentro de la misma Prefectura, según un ex funcionario (quien fungía como jefe), se habría hackeado (espiar e intervenir cuentas digitales o conversaciones mediante uso de aplicaciones) a trabajadores del Consejo Provincial, por medio de un programa que va más allá de llevar a efecto el monitoreo del trabajo habitual. “Me impusieron a Byron S. esposo de Paola N. asesora del asambleísta Israel Ludovico Cruz, pero nunca se puso a las órdenes para ejecutar el modelo de gestión, llegó a formar un troll center, y por medio de un listado, hackear a muchas personas incluida la viceprefecta (en referencia a Delia Caguana, ya fallecida)”, dijo en un diálogo con uno de nuestros equipos de investigadores.
Dentro del COIP artículo 190 dice que la apropiación fraudulenta por medios electrónicos será condenada de uno a tres años de prisión. Pero, eso no es todo lo que revela el ex funcionario, quien asegura que: “hay procesos irregulares en todas las áreas, nos imponen los proveedores, incluso con los kits alimenticios están viciados, empezaron a entregar sin haber procesos, el tema de la maquinaria, en fin es un caos”, resaltó, la fuente cuya identidad la mantenemos con la reserva del caso, por cuanto existe un audio, en el cual se especifica éste y muchos hechos más, que sin duda deberían entrar en un proceso de investigación. El ex funcionario de la Prefectura de Chimborazo, remarca que todos los procesos y decisiones pasan por las manos de Ronny Cruz hermano del actual Prefecto.
Ante todo esto, varios abogados consultados por este Diario, sostienen lo preocupante del actual “modus operandi” de la Prefectura, que buscaría a toda costa tener el control absoluto tanto en lo administrativo, económico y político con fines de asegurar su permanencia en la institución.
Quedan algunas dudas: ¿Por qué Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones de estos temas? ¿Hay algún nexo para que los procesos queden estancados? ¿Están envueltos policías en esta trama política social? ¿Quién escucha e intercepta a quién, y con que propósitos?.
Fuentes documentales:
Sentencia judicial caso Asesinato a Concejal Guaranga TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN RIOBAMBA Juicio No. 06282201903369G; entrevistas en audio a abogados; audio de ex funcionario del GADPCH; Código Orgánico Integral Penal del Ecuador; Constitución Política del Ecuador. Unidad de Investigación de El Diario de Riobamba.
