Ayer, el equipo informativo de este medio, recibió la notificación del inicio de una nueva acusación ante la Fiscalía por “difusión de información de circulación restringida” interpuesta por el ciudadano Martínez Silva Rommel Fernando, quien al parecer se desempeña como servidor público en el Consejo Provincial de Chimborazo. La acción judicial va en contra de los periodistas Darwin Altamirano, Danilo Eduardo Villarroel, y también Diego Moncayo y Marcelo Jijón, luego que la Unidad de Investigación de este Medio, publicó 2 reportajes revelando tramados de presuntos casos de corrupción y contratos vinculados a gente cercana al Jefe de Comunicación de la Prefectura, por más de 355.909 dólares para el «Fortalecimiento de la imagen de la Prefectura».
Ahora aducen que dentro de la investigación periodística se ha tomado «información restringida», cuando ésta se encuentra en el portal de Compras Públicas y es de dominio público. El reportaje publicado en abril, incluyó fuentes documentales, (documentos públicos), actores sociales y jurídicos, contrastando la investigación periodística. Por cuatro ocasiones se solicitó entrevistar al Prefecto, Juan Pablo Cruz, pero su Jefe de Comunicación, Cristian Caiza, dijo que no habrá declaración alguna sobre el tema. Varios juristas consultados aducen que ningún documento de las instituciones públicas, esto incluye el Gobierno de la Provincia de Chimborazo, es de carácter privado o confidencial.
Este medio de comunicación, con sus representantes, pondrán la alerta formal ante FENAPE, FUNDAMEDIOS, UNP, FEPALC, Comisión Anticorrupción y la FIP por estas acciones de amedrentamiento, que van en contra de la libertad de expresión y el derecho constitucional de la ciudadanía de estar bien informada.
Luego de la publicación del reportaje, Juan Pablo Cruz Prefecto de Chimborazo y 13 funcionarios más, son investigados por el presunto delito de Peculado por Fiscalía, por este presunto caso de corrupción.
