El Consejo de la Judicatura (CJ) con la finalidad de cumplir con su misión de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, ha realizado arduos esfuerzos y gestiones para mantener la continuidad de los servicios a los usuarios, pese al drástico recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Función Judicial, lo que ha imposibilitado cumplir con las actividades e intervenciones inicialmente programadas tendientes a un eficiente servicio de justicia.
El recorte presupuestario realizado por el MEF en el ejercicio fiscal 2019 fue de USD. 12’297,865.65. En lo que va del año fiscal 2020, alcanza los USD. 7’238,868.28. Sumados los recortes presupuestarios de 2019 y 2020, ascienden a un total de USD. 19’536,733.93.
Debido a la reducción del presupuesto, que ha impedido pagar remuneraciones al personal, el Consejo de la Judicatura, en el ejercicio fiscal 2019, se vio obligado a prescindir de los servicios de 166 servidoras y servidores judiciales.
De igual forma, en 2020, se dio por terminada la relación laboral con 26 servidoras y servidores judiciales, con lo que se mermó, aún más, la capacidad de atención en los despachos de causas.
El déficit de jueces y de personal jurisdiccional, en virtud de la reducción de servidores que no han sido reemplazados, acompañado de la suspensión de actividades por la pandemia del coronavirus COVID-19, traen como consecuencia el represamiento de causas, con la afectación directa a los usuarios que esperan por la debida atención y el acceso expedito a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.
Hasta mayo de este año, en la Función Judicial estaban en trámite 804.533 causas, en todas las instancias jurisdiccionales. Asimismo, entre 2019 y lo que va de este año, se convocaron 734.490 audiencias, de las cuales se realizaron 501.326. Cada mes, a escala nacional, se efectúan un promedio de 14.444 diligencias de este tipo.
La restricción presupuestaria afectó la ejecución de adecuaciones en las Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, en varias provincias, labor que estaba prevista se realice este año, dentro del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, lo que provoca un retardo en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley que rige la materia.
En unidades judiciales de Guayaquil, Tena y la Corte Nacional de Justicia, actividades de mantenimiento de equipos informáticos, aires acondicionados, ascensores, entre otros, han sido postergadas, con el riesgo de quedar en desuso, afectando a la salud y seguridad de los servidores y a la calidad de atención a los usuarios con discapacidad que tienen necesidades especiales de movilidad.
El CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y para cumplir con su misión, requiere contar con los recursos mínimos necesarios, que permitan a la ciudadanía acceder a un servicio de justicia ágil, transparente y digno, por lo que resulta apremiante la devolución, por parte del MEF, de los recursos asignados en el presupuesto institucional, así como la exhortación de que no se efectúe ni un solo recorte adicional al presupuesto de esta Función autónoma e independiente del Estado ecuatoriano.
Fuente Consejo de la Judicatura
