En el proceso de investigación ordenada por el Pleno de la Asamblea Nacional, para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad, legisladores y funcionarios, en la Comisión de Salud, evidenciaron documentadamente el proceso de la obtención del documento y rechazaron acusaciones maliciosas.
Israel Cruz, tras manifestar que se han violado derechos constitucionales por cierta prensa del, expresó que el carné lo obtuvo de manera legítima en diciembre de 2011, en estricto cumplimiento de los requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico y responde a su condición de salud evaluado y justificado por el Conadis y luego por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Aseguró que no ha realizado ninguna importación de vehículos de alta gama como se evidencia en la certificación del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), en la que menciona que no existe ningún registro de declaraciones aduaneras de importación a su nombre; y, de registro de solicitud en línea en exoneración de importación de vehículos para personas con discapacidad.
De su lado, Marcia Arregui dijo que tras el diagnóstico médico de la Dirección Nacional de Discapacidad de la ciudad de Babahoyo, el 15 de marzo de 2016, el Hospital Icaza Bustamante otorga un certificado médico de hipertensión arterial originado por una cardiomiopatía hipertrófica, que dificulta la transportación de sangre, provocando insuficiencia cardiaca, incapacidad y movilidad, por falta de oxígeno.
Afirmó que jamás pagó, ni sometió a influencia alguna la entrega del carné. Dijo que no ha traído del extranjero ni siquiera un alfiler, ni tampoco ha sido beneficiada de un descuento tributario. Señaló que el documento lo obtuvo un año después de haber iniciado el trámite, esto es el 02 de mayo de 2017. Rechazó que se le haya dado el tratamiento de una red delincuencial y enfatizó que fue víctima de persecución política, sin ningún sustento legal.
Fabricio Villamar aseguró que ha solicitado al MSP la documentación correspondiente al otorgamiento de su carné, sin tener respuesta hasta la presente fecha. Recordó que los informes relativos a salud cuentan con protección constitucional por considerarse derechos personalísimos.
Considera que ha existido comentarios no contrastados y verificados que han lesionado derechos personales. Aseguró que su carné de discapacidad nunca fue utilizado para el cálculo de algún problema de pensión alimenticia, misma que se descuentan de su remuneración. Dijo que las respuestas, motivo de su comparecencia, serán respondidas de forma escrita a la brevedad posible, en tanto no comprometa ciertas disposiciones constitucionales.
Por otro lado, Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), aclaró que tiene una discapacidad física de tipo motriz, desde los 6 meses de edad, producto de una secuela de poliomelitis que no le permite desplazamientos a larga distancias. Explicó que cumplió con todos los procedimientos y requisitos para adquirir el carné de discapacidad en el 2002, cuya evaluación se realizó en el Hospital Eugenio Espejo.
Juan DeHowitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica, diagnosticado también con cardiomiopatía hipertrófica, en el 2007; y que desde el 2012 hace uso de un desfibrilador marcapasos, sostuvo que la enfermedad daña la parte eléctrica de su corazón produciendo arritmias y hace que tenga limitaciones físicas. Explicó que el trámite para la obtención del carné de discapacidad lo inició en el 2019 y fue entregado en febrero 2020; sin embago, no ha sido utilizado en temas fiscales ni aduaneros.
El rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, quien compareció de manera voluntaria, evidenció preexistencia de enfermedades mórbidas, conocidas como síndrome metabólico. Informó que en el 2015 le confirmaron la reducción en su capacidad auditiva. El 3 de julio 2017 fue calificada su discapacidad por el MSP, de tipo auditivo con un porcentaje del 30 %, que corresponde a nivel moderado. Aseguró que se ha sometido a todas las normas legales para su obtención y no ha comprado el carné.
Se sumó al pedido de investigación para que todos aquellos que han participado a la red fraudulenta de emisiones de carnés sean sancionados con todo el peso de la ley y señaló que corrupción también es ofender y dañar la honra ajena y se solidarizó con las personas que tienen discapacidad y que han sido denigrados indebidamente.
De la misma forma, Javier Vaca, ciudadano con discapacidad pidió se reivindique los derechos de este grupo vulnerable de la población, quienes fueron citados en un reportaje, desconociendo la realidad y dañando su buen nombre y honra.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, aclaró que el propósito de la fiscalización es evidenciar cómo los invitados adquirieron los carnés de discapacidad, observar el procedimiento y darles la oportunidad de defenderse, más no realizar una persecución. Fuente Asamblea Nacional
