Los pensionistas, afiliados y jubilados o retirados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL, RECHAZAMOS el proyecto del Poder Ejecutivo, de intentar LIQUIDAR o PRIVATIZAR la Seguridad Social, violando entre otros el artículo 367 de la Constitución de la República.
Porque las Funciones Ejecutiva y Legislativa, NO COMPRENDEN que los INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, son de PARTICULARES, que son PROPIEDAD DE SUS ASOCIADOS, que SUS RECURSOS ECONÓMICOS son PRIVADOS, y por tanto, tienen que respetar su AUTONOMÍA administrativa, económica y financiera que les corresponde, sus fondos son producto del aporte de muchos años de sus afiliados.
La Función Legislativa o Asamblea Nacional, que tiene entre sus funciones la de Legislar, no la cumple. Sus integrantes parece que no entienden, lo que es SEGURIDAD SOCIAL. Es tal su negligencia, que mantienen un Proyecto de Ley sobre Seguridad Social desde hace varios años, que no lo tramitan. No les importa la vida de los pensionistas, afiliados y jubilados o retirados de los indicados Institutos.
La Función Ejecutiva, SIN RESPETAR LA AUTONOMÍA administrativa, económica y financiera, que corresponde, infringiendo la Ley de Seguridad Social, ha obligado a sacar los recursos económicos, con el argumento de INVERTIR en Bonos del Estado y en proyectos hidroeléctricos y otros. Inversiones que han sido un fracaso, causando un grave perjuicio económico a dichas Instituciones.
El Gobierno ecuatoriano les debe a los mencionados Institutos de Seguridad Social, alrededor de QUINCE MIL MILLONES DE DÓLARES. Esta deuda, es la causa para que los mismos NO TENGAN LIQUIDEZ, NO PUEDAN CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES para con los SOCIOS y el pago a acreedores. Lo cual puede llevar a la quiebra, con unas consecuencias desastrosas para sus asociados y el pueblo ecuatoriano en general.
Para colmo de la insensibilidad, este Gobierno, NO CUMPLE con lo dispuesto en la Sentencia dictada por la Corte Constitucional, el 21 de marzo del 2018, que mandó a pagar el aporte del 40% del Fondo de Jubilaciones, a partir del año 2019, en un claro desacato en el cumplimiento de dicha Resolución, por lo que deben ser sancionados los funcionarios correspondientes.
Es fundamental exigir que se realice un INVENTARIO DE LOS BIENES, que son de propiedad de cada uno de los Institutos, así como una auditoría de gestión, para saber cuál es el personal necesario para su funcionamiento.
Se deben realizar los respectivos exámenes especiales de auditoría y las investigaciones correspondientes, para saber, quienes son los causantes, del manejo negligente de los recursos, para iniciar las acciones civiles y penales, en contra de los Miembros del Consejo Directivo y del Director General del IESS, ISSFA e ISSPOL.
El Estado de emergencia sanitaria ha servido, para comprobar la mala administración del IESS, ISSFA e ISSPOL, ya que autorizaron, que un grupo de delincuentes se enriquezcan a costa del sufrimiento y la angustia de los ecuatorianos. Han comprado mascarillas, termómetros, insumos médicos, pruebas COVID 19, con sobreprecios que
superan el 500%. Las máximas autoridades declaran que desconocían esas compras o contratos, eso se llama negligencia en el desempeño de sus funciones y deben ser sancionados penalmente, porque tan culpable es el que roba como el que deja robar, tan delincuente es quien por negligencia permitió que se hurte al Estado, como el que se benefició del acto ilegal, por lo cual deben ser sancionados penalmente.
La Fiscalía debe iniciar las acciones legales para determinar autores, cómplices y encubridores del delito de PECULADO y, la Contraloría General del Estado tiene la obligación de efectuar exámenes especiales a las instituciones que han realizado las adquisiciones, para señalar las responsabilidades penales, civiles y administrativas, sin olvidarse, que la responsabilidad es de la máxima autoridad del organismo que firmó el Contrato y permitió que se produzca el daño para el Estado.
En un Estado de Derecho, las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial tienen la obligación de acatar y hacer respetar la Constitución y las Leyes, en caso de NO HACERLO el PUEBLO tiene el DERECHO y la OBLIGACIÓN de imponerlo por la FUERZA. Esa violencia tiene que ser aplicada por el Pueblo, con acciones contundentes, como es la toma de las instituciones, para echarles a la calle, a esos empleados corruptos, que tanto perjuicio han causado a la sociedad ecuatoriana.
El Ecuador está en un momento político, social y económico, muy grave. No se puede perder el tiempo. Hay que adoptar las medidas precisas, para solucionar, el desorden institucional que está viviendo el país.
Es importante señalar, que la mayoría del Pueblo ecuatoriano, es gente buena, debemos unirnos. Es la lucha del BIEN contra el MAL, es la lucha de personas honradas en contra de los mafiosos criminales.
“La destrucción de la moral pública, causa bien pronto, la disolución del Estado.”
“No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena.” Martín Luther King Hay que tener la Esperanza y la Fe, en que todo puede ser corregido a tiempo. La solución está en las manos del pueblo ecuatoriano. Levantémonos, sólo el Pueblo salva al Pueblo.
