La pandemia por el COVID-19 ha visibilizado otro problema colateral. No existe una política pública en los municipios sobre costos y condiciones de los espacios de arriendo de carácter comercial.
Hay ordenanzas caducas, la Ley de inquilinato permite prevenir y solucionar conflictos, pero, en la realidad el valor mensual de un local depende de lo que diga el dueño y lo que deba aceptar pagar el arrendatario.
Han pasado dos meses desde la declaratoria del toque de queda en Ecuador y aunque las directrices desde el Gobierno fue no afectar los negocios, han sido muchos propietarios de inmuebles quienes exigen el pago puntual y completo del arriendo. Carmen, tenía un negocio de accesorios y ropa para mujer. No pudo abrirlo desde la pandemia y la dueña de la vivienda ha exigido los 340 dólares por los dos meses del local de 30 metros cuadrados más servicios básicos. “Cómo pago sino he vendido nada en estos 60 días”, dijo, mientras recogía sus productos para desalojar el espacio y llegar a un acuerdo de pago.
La Ley de Inquilinato establece que el valor mensual no será mayor a la doceava parte del 10 % del avalúo comercial de la propiedad según el catastro de cada Municipio, pero esto depende de servicios adicionales como: baño, espacios libres, ascensor, seguridad, agua, luz, teléfono, internet, patentes, bomberos, salud, permisos, impuestos, SRI, seguro y otros costos que terminan liquidando al emprendedor.
