En la era de la información, ¿prima la desinformación? En el mundo actual, un vendaval de información.
El control de la misma es absolutamente necesario para quienes ejercen el poder. Así se evidencia aún más, cuando se busca permanentemente monopolizar las frecuencias de radio y TV., copar los espacios en prensa o radio y trasladar ese control y manipulación a las redes sociales que aguantan de todo. Desde la réplica o copia de los mismos programas trillados que se hacen en radio y televisión, hasta la incursión de “personajes” que sin ser periodistas o comunicadores fungen de tales, buscándose un espacio con fines personales o de grupo, aupados algunos incluso por comunicadores que desnaturalizan la función de la comunicación y el periodismo, convirtiendo a los espacios que deben servir para orientar a la opinión pública, en herramienta de proselitismo, para ganar o pagar favores a autoridades, prostituyendo el derecho a la información, para “hacerse populares”.
¿Por qué estas reflexiones? Ahora en Ecuador se debaten las reformas a la Ley de Comunicación. El debate de la pertinencia o no de la existencia de la Ley pasó, la norma existe y se hace indispensable perfeccionarla acorde con las normas internacionales, con la realidad de la comunicación, planteando cambiar la orientación de mero control a la de acceso pleno a un derecho humano, en las mejores condiciones. Se debate la institucionalidad, el sistema de comunicación cuyas instituciones visibles son el CORDICOM y la SUPERCOM, entidad ésta última criticada por muchos sectores por haber dirigido su accionar más a la aplicación de sanciones, a tal punto que uno de los doce proyectos en análisis, el del Ejecutivo, plantea su desaparición.
En medio del debate, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional encargada de llevar adelante el proceso de reforma, tres propietarios de medios de comunicación invitados por el ente, plantearon el tema salarial de los periodistas desde su perspectiva de negocios, “ no podemos pagar a profesionales y por eso preferimos no profesionales”, fue el argumento. Un debate que no corresponde a este espacio, pero que sin embargo abre la puerta para entrar en otros análisis adicionales. Las tablas salariales del sector privado las establece el Ministerio de Trabajo, en la Ley de Comunicación se dispone, en el caso de los periodistas, un pago justo en cumplimiento de las mismas.
En esa perspectiva cabe citar el criterio de Francisco Legrand, Coordinador Académico de CapacitaRSE (entrevista en diario El Telégrafo), quien señala: “alguien compra una empresa de medios y lo hace para tener una posición, para defender ciertos intereses o poder apuntalar negocios o para tener cierta influencia en una sociedad y no más.”, ¿se ajusta esta visión a nuestra realidad? El planteamiento sobre la revisión de salarios causó reacciones de rechazo, por la intencionalidad de precarizar el trabajo de los periodistas, evidenciando la realidad de los medios en el país, un secreto a voces que merece más que un pronunciamiento. Debe ser la oportunidad para que las entidades de control verifiquen la situación laboral de los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en cuanto a salarios, seguridad social, explotación laboral, direccionamiento de la información, etc.
Esta realidad obedece además a una situación evidente, “el periodista es un empleado de alguien, salvo que el medio sea una cooperativa en donde todos los periodistas son dueños y no hay muchas experiencias de eso…”, dice Legrand.
En todo caso, el debate está abierto y eso debe permitir no solo reformar la Ley de Comunicación para mejorarla, sino además asumir las responsabilidades de todos los sectores involucrados. Los ciudadanos ejerciendo con conciencia este derecho humano. Los medios de comunicación que además de su objetivo empresarial deben asumir la misión de informar adecuadamente. La academia cumpliendo de forma integral con una formación ética y acorde con los tiempos. Los gremios, que en su afán de enfrentar al poder, descuidaron de un aspecto fundamental como es la defensa profesional y laboral. Los periodistas que debemos ejercer la profesión haciendo respetar desde lo interno de los medios y espacios laborales estos derechos, sin dejarse explotar, no volviéndose sumisos o rabiosos según los intereses de ciertos dueños de medios, y; el Estado, que debe garantizar las mejores condiciones para todos los ciudadanos y por supuesto para el ejercicio del periodismo. * Editor de El Nuevo Diario de Riobamba
